paracuellos

‘Me parece un disparate que un señor se autodeclare competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie, puesto que ya hubo leyes de amnistía’, declaró el senador popular en declaraciones a los periodistas en Madrid.

‘Es políticamente un error gravísimo resucitar los problemas que plantea toda guerra civil’, agregó el que fuera ministro de Información y Turismo.

En su auto difundido el jueves, que abre la primera causa de la historia contra el régimen franquista, Garzón autorizó también 19 exhumaciones, entre ellas de la tumba en la que supuestamente está enterrado el poeta Federico García Lorca.

Las voces a favor y en contra de la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional no se hicieron esperar, y mientras que los familiares de las víctimas la acogieron con alegría, varias voces del PP, que siempre ha considerado que las cuestiones relacionadas con la memoria histórica sólo reabren viejas heridas, criticaron el viernes la apertura del proceso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró que esta decisión es como pedir ‘el certificado de defunción de Napoleón’ por los sucesos del 2 de mayo de 1808, aunque apoyó el derecho de los ciudadanos a conocer dónde están enterrados sus familiares.

Por su parte la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, dijo ver ‘muchos defectos procesales’ en el auto de Garzón, y lo calificó de ’sorprendente, y no precisamente para bien’.

El juez reconocía en su auto que una vez que reciba los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 altos mandos del régimen se declarará extinguida su responsabilidad penal, y la Audiencia Nacional ya no sería competente en la causa.

Sin embargo, señaló que el procedimiento es una ‘forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal, sino la impunidad’.

La fiscalía de la Audiencia ha anunciado su oposición a esta investigación ya que, entre otras cuestiones, considera prescritos unos delitos a los que, en cualquier caso, habría que aplicar la ley de Amnistía de 1977.

Desde el Gobierno, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, mostró el jueves su respeto por las decisiones tanto del juez como de la fiscalía, y el viernes, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega reiteró esta idea pero añadió una defensa de la Ley de Memoria Histórica recientemente aprobada.

‘Una ley que venía a amparar, a reconocer y ampliar los derechos de aquellos españoles que no se sentían amparados ni reconocidos en algunos aspectos en su propia vida o de su historia familiar. Ese era el sentido, y no otro (…) Poner fin a una etapa triste de nuestra historia y que todo el mundo pueda sentir que lo hace con el honor a la memoria colectiva y en paz y sin rencor’, declaró De la Vega.

Por su parte, la Conferencia Episcopal aún no se ha manifestado, pese a que en ocasiones anteriores se ha declarado en contra de estas investigaciones.

La investigación podría unificar los datos sobre represaliados y la información sobre las fosas comunes repartidas por todo el país, al no existir un registro oficial de desaparecidos durante el franquismo.

El histórico dirigente comunista Santiago Carrillo ha considerado “un error” la iniciativa del juez Garzón de llevar la Memoria Histórica a los tribunales porque “puede salir el tiro por la culata”, y ha asegurado que él tiene la conciencia “completamente tranquila”.
En la presentación de su libro La crispación en España. De la Guerra Civil a nuestros días, Carrillo se ha referido a la investigación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre los muertos y desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, y ha recordado que los responsables de las “atrocidades” en el campo republicano fueron juzgados durante el franquismo.

“Por Paracuellos y otras cosas han sido fusilados centenares de republicanos y las víctimas que hizo la República han sido reivindicadas, valoradas y celebradas en tiempos del franquismo“, ha argumentado Carrillo, quien se ha preguntado “si a los republicanos hay que juzgarlos y condenarlos dos veces”.

En ese sentido ha explicado la decisión que el juez Garzón adoptó en diciembre de 1998 de rechazar la querella presentada por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio en Paracuellos del Jarama (Madrid) contra él por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo, en que “ya había sido juzgada”.

Carrillo fue delegado de Orden Público y miembro de la Junta de Defensa de Madrid -nombrado el 6 de noviembre de 1936- durante la matanza de Paracuellos (Madrid) -del 7 y 8 de ese mes-, en la que un gran número de militares sublevados presos fueron asesinados cuando eran trasladados a Valencia.

Ha recalcado que “los tribunales, la prensa, la radio y los políticos que había en España” fueron “los que hicieron la condena” por esos hechos “y mataron a muchísima gente”.

Que no se hagan públicos los nombres

El ex secretario general del PCE ha defendido que no se hagan públicos los nombres de los responsables de las muertes y las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque sus descendientes no son culpables de lo que hicieron.

“A los asesinos que ya no viven eso no les va a dar ni frío ni calor, pero va a caer sobre las cabezas de sus hijos y sus nietos que no tienen ninguna culpa”, ha afirmado.

Carrillo ha afirmado que la iniciativa de Garzón es “un error” y puede ser “la carabina de Ambrosio” porque acabe saliendo “el tiro por la culata”.

“Tal y como está la magistratura en España, no se puede hacer uno muchas ilusiones de que la resolución vaya a ir por la línea satisfactoria”, ha aseverado.

Sin embargo, y tras insistir en que “ése no es el mejor camino”, ha dicho que comprende la iniciativa de Garzón porque “no fue tomada” anteriormente por “los que tenían que hacerlo” o, si lo fue, “se hizo “muy débilmente”.

Ha recalcado que lo que debería hacerse en torno a la Memoria Histórica es que el Congreso y el Senado “aprobaran una resolución condenando la sublevación” contra la República, en la que se afirmara que “una sublevación contra un Estado democrático no ha tenido ni tiene ninguna justificación”.

El ex secretario general del PCE, Santiago Carrillo, ha señalado ayer miércoles que hizo todo lo que era posible para evitar la tragedia de Paracuellos como consejero de Orden Público de la junta que asumió la defensa de Madrid en 1936.

Así lo ha indicado en un texto que ha remitido con motivo de la presentación del libro Morir en Paracuellos, de Julián Delgado, cuyo padre fue fusilado en esta matanza en noviembre de 1936.

En el escrito, Carrillo, quien ha excusado su presencia en este acto por tener que trasladarse a Barcelona para presentar su último libro, ha explicado que “entonces” siguió una línea de conducta de la República, que sólo condenó a algunos generales cabeza de la rebelión, mientras que Franco fusiló de forma implacable a todos los militares que se negaron a secundar la rebelión, entre ellos a quince generales y a un primo carnal suyo.

Ha explicado que la matanza de Paracuellos se produjo cuando un convoy de militares prisioneros que eran sacados fuera del territorio de jurisdicción de la junta de defensa fue “asaltado” por “grupos incontrolados que abundaban en los alrededores de Madrid”.

El ex dirigente del PCE ha destacado la “generosidad” del autor de Morir en Paracuellos cuando le mostró su voluntad de “reconciliación” en los primeros días de la Transición, “sobreponiéndose a la injusta muerte de su padre”.

Carrillo ha considerado este acto como “una contribución al mantenimiento del espíritu de reconciliación entre los españoles que culminó en la Transición”.

La investigación de Garzón: “Impropia e inoportuna”

En su intervención, Delgado ha criticado la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista impulsada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón , por considerarla “impropia” e “inoportuna”.

Ha hecho un llamamiento a la “reconciliación” de todos los grupos que participaron en la Guerra Civil para “dejar zanjado el asunto, salvar la convivencia democrática y aprender de la historia para no repetir errores”.